Alberto Fernández logró consenso político para el confinamiento pero escalan los conflictos por el plan económico y los embates judiciales

Alberto Fernández logró consenso político para el confinamiento pero escalan los conflictos por el plan económico y los embates judiciales

Los frentes de batalla por las exportaciones de carne y la reforma del Ministerio Público Fiscal permanecen abiertos en paralelo al acuerdo para aplicar medidas sanitarias más duras por la pandemia

El Gobierno se desliza en una delgada línea entre el consenso y la polarización en los principales frentes de batalla -la pandemia, la crisis económica y la reforma judicial-. Por primera vez en meses, esta semana logró una mirada en común con Juntos por el Cambio y los gobernadores frente al COVID-19, pero la solapó con un discurso revanchista. Y, en paralelo, abrió nuevos ejes de conflicto. El freno inconsulto a la exportación de la carne despertó fuertes cuestionamientos de la industria ganadera y del propio entorno presidencial. Mientras que la dilación del debate de la reforma del Ministerio Público Fiscal causó una nueva herida en el ala kirchnerista.

En los despachos de la Casa Rosada se sentía el viernes un clima de triunfo -disimulado en el delicado contexto sanitario- por el acuerdo con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y con los gobernadores más reacios a la aplicación de medidas duras para bajar los casos de coronavirus. El mendocino Rodolfo Suárez y el santafecino Omar Perotti, presionados por los intendentes de sus provincias y por la evidente tensión del sistema de salud, entre otros, acataron la orden de la Nación y se comprometieron a aplicar controles más estrictos después de semanas de reticencia.

“Tuvieron que retroceder en chancletas. Teníamos razón”, deslizaba el jueves un vocero de Balcarce 50, poco después de la reunión del Presidente con la segunda tanda de gobernadores, donde el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo que “coincidía 100% con la gran preocupación de la Nación”. Sus palabras fueron refrendadas con el anuncio, el jueves por la noche, sobre la aplicación de mayores controles a la circulación, la limitación en la atención de los comercios, y, sobre todo, el cierre de las escuelas de la ciudad.

Además, en la Casa Rosada leyeron como un signo positivo la visita de Rodríguez Larreta a la Casa de Gobierno para discutir el traspaso de fondos para seguridad en la Ciudad de Buenos Aires con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el titular de Economía, Martín Guzmán. Lo habían invitado tres veces, y tres veces habían sido rechazados, con el argumento de que la disputa ya estaba en manos de la Corte Suprema.

Esta vez, el jefe de gobierno porteño accedió a conversar con dos de los ministros destacados por su capacidad de diálogo en la Casa Rosada, lo cual también fue evaluado como un logro del oficialismo que compararon con el pacto con la oposición para postergar las PASO, considerado un éxito de la gestión del ministro camporista. La Nación informó que ambas partes definieron avanzar en la conformación de equipos técnicos, y la Ciudad quedó en analizar si avanzará en las negociaciones.

Mientras tanto, el Frente de Todos le dio la media sanción en el Senado al proyecto “Pandemia” que impulsó el Ejecutivo para regular con parámetros fijos las medidas sanitarias. Alberto Fernández le dio forma después del revés que tuvo por la decisión de la Corte Suprema que habilitó las clases presenciales en la Ciudad. Ahora resta atravesar el escarpado camino de las negociaciones en la Cámara baja, donde la oposición califica la ley como de “superpoderes” entre críticas por las fallas y retrasos en la importación de vacunas. En Diputados el panorama es menos alentador para el oficialismo. El Presidente rechaza el mote que le impuso ante la opinión pública Juntos por el Cambio y proclama que la ley es un modo de institucionalizar por “consenso” las políticas para frenar los contagios.

La sensación de éxito por los relativos y temporales acuerdos sanitarios convivió en los últimos días con el malestar que emana, prácticamente, del pleno de los sectores ligados a la exportación de carne, desde empresas a gremios, e incluso desde los despachos de algunos funcionarios. La decisión del Presidente, anunciada el lunes, de suspender las operaciones durante 30 días para frenar la suba de los precios en góndola hizo estallar los celulares de los dirigentes de los sectores involucrados, buena parte de los cuales no estaban al tanto.

Como en un déjà vu de otros temas, con el antecedente de la expropiación Vicentín como primer hito de una decisión de alta envergadura sin consulta previa, desde el Gobierno aseguraron que el primer mandatario tomó la decisión prácticamente en soledad, desde Olivos, entre el domingo y el lunes, cuando hizo el anuncio oficial.

La medida cayó por sorpresa incluso en sectores afines de las provincias productoras, que la cuestionaban y recordaban el fracaso de la disposición similar que adoptó en 2006 el entonces Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que terminó en una fuerte recesión para las actividades del sector. Frente a un nuevo conflicto con el campo, la exportación de la carne se transformó, en cuestión de horas, en el principal tema de conversación y preocupación en la Casa Rosada.

Al mismo tiempo se reflotó la insistente disputa por la cuestión judicial, disparada por el inminente dictamen del proyecto de modificación del Ministerio Público Fiscal en el Congreso. En la previa del plenario de Comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de Diputados, prevista para el martes, el conjunto de la oposición de Juntos por el Cambio y organizaciones de magistrados y fiscales vertieron una ola de críticas por el “avance sobre la Constitución”, a las cuales terminaron sumándose los reparos, aunque menos vehementes y con otros argumentos, de los peronistas aliados al Gobierno y del socialismo.

Al adverso cuadro de situación se sumó la ratificación, en público, vía Instagram, del juez Daniel Rafecas, el candidato de Alberto Fernández, de su negativa a ser Procurador General en caso de que se modifiquen las mayorías para seleccionar a los postulantes. Aún sin respaldo del kirchnerismo para el pliego del Presidente, y con la resistencia de Consenso Federal y de los socialistas a una modificación de las reglas del organismo, el oficialismo se enfrentaba a la imposibilidad de lograr el quórum. Con vistas a una derrota prácticamente segura, decidió dilatar “al menos por tres semanas” el tratamiento sobre tablas, según indicaron fuentes oficiales.

Más allá de la tragedia del aumento de los casos, el acuerdo para implementar medidas sanitarias más estrictas ayudó al Gobierno de correr la atención -dentro de lo posible- del escándalo con los ganaderos, y para dejar atrás la demora en el tratamiento de la ya postergada reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el kirchnerismo en el Congreso.

Desde el martes el Presidente encabezó las reuniones por la pandemia en los días previos al vencimiento del DNU anterior y el Gobierno puso el foco de su estrategia comunicacional en la cuestión sanitaria. Se celebraron anunciados encuentros de expertos en epidemiología y se dejaron trascender versiones sobre las posibles medidas, en un contexto de incertidumbre y ansiedad por el futuro próximo de las vidas cotidianas. Pero, a pesar del intento para mermar la repercusión de ambos temas ante la opinión pública, las disputas permanecen.

Después de varios días de deliberaciones, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, continuaban con sus esfuerzos para poner paños fríos sobre el conflicto con la industria cárnica.

El viernes, los funcionarios del gabinete económico recibieron a los titulares de las principales organizaciones ganaderas agrupadas en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) donde buscaron “explicar las razones y los alcances de la medida” y quedaron en volver a reunirse en los primeros días de la semana. En el Gobierno daban por descontado que darán marcha atrás con la medida, que se levantará antes de los 30 días anunciados el lunes. Pero el tema no está resuelto y creen que la desconfianza previa de los productores se incrementará.

Entretanto, frente a la derrota -quizá, momentánea- en torno al Ministerio Público Fiscal, a última hora del viernes se vio una reacción del kirchnerismo duro, que estuvo a cargo del diputado Rodolfo Tailhade, una de las principales espadas legislativas de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el responsable de reunir los consensos para dar el dictamen a la iniciativa.

Tres días después del debate en plenario de comisiones del martes, cuando la postergación de la deliberación en el recinto ya era un hecho, Tailhade presentó un escrito ante el fiscal Federico Delgado para “aportar información relacionada con el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de los fiscales” en la causa que investiga al procurador general interino, Eduardo Casal, que fue iniciada por el mismo funcionario frente a las acusaciones del kirchnerismo.

En el caso de los fondos porteños, los resultados de la negociación aún están lejos de concretarse. Desde el entorno de Larreta resguardaron su postura al resaltar que el encuentro fue “una instancia propuesta por la Corte Suprema en el expediente que el Estado porteño inició ante el máximo tribunal”, y que considera “que es inconstitucional la quita de fondos adjudicados al traspaso, que inconsultamente decidió el Gobierno nacional”.

Mientras, el acuerdo sobre el manejo de la pandemia se presenta frágil y temporal. Inclusive cuando se acercaron al máximo las posiciones, la Ciudad exhibió reparos sobre la venta en los locales, la habilitación para las actividades de la construcción, y marcó que las clases “no se suspenden” sino que se “reprograman” para fin de año. Si se sigue la lógica de los últimos meses, podría haber nuevas diferencias cuando estén por cumplirse los nueve días de las medidas actuales.

Entre las internas de la coalición gobernante abiertas y las peleas con la oposición, el Gobierno se aferra, para mostrar fortaleza, a los acuerdos temporales con las jurisdicciones frente al enemigo en común que representa la pandemia. En la Casa Rosada añoran los aires de acuerdo total que encabezaron hace un año, durante la primera ola, pero el escenario hoy exhibe la mayor parte de los frentes abiertos en disputa, sin muestras de acuerdos por fuera de lo sanitario, sino todo lo contrario.

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